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Ramón Lanús: “El riesgo de contagio de Covid-19 es mayor con las escuelas cerradas que abiertas”

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Así se manifestó el dirigente de Juntos por el Cambio de San Isidro tras un encuentro virtual organizado por “Abogados en Acción” con más de 500 vecinos de la Provincia de Buenos Aires.

Bajo el lema “Ciclo de Charlas con Ramón Lanús”, este martes se desarrolló un nuevo encuentro entre la organización “Abogados en Acción” y más de 500 padres y vecinos de la provincia de Buenos Aires. El motivo de dicha reunión sirvió para repasar las medidas llevadas a cabo por el grupo para pedir clases presenciales e incentivar a que se continué el proceso judicial para reclamar por “el derecho constitucional a la educación”.

El encuentro contó con la presencia de los integrantes que forman parte de “Abogados en Acción”, ellos son: Jimena de la Torre, Grisela García Ortiz, Diego Isabella y Miguel Schmukler.

Abogados en Acción, nació hacia fines del gobierno de Mauricio Macri, hoy en día cuentan con más de 150 abogados a lo largo y ancho del país y con representación en todas las provincias. Tienen como objetivo el involucramiento de la sociedad en la política generando un acompañamiento jurídico para obtener mejores resultados. Actualmente, tomaron como bandera reclamar la continuidad de las clases presenciales en la Provincia de Buenos Aires, utilizando como instrumento jurídico el amparo.

Ramón Lanús, dirigente de Juntos por el Cambio y anfitrión del encuentro, recalcó la importancia de las escuelas abiertas. “El riesgo de contagio de Covid-19 es mayor con las escuelas cerradas que abiertas. Es más riesgosa la situación de los chicos en la calle que en una burbuja escolar”, sostuvo el presidente de la Fundación San Isidro 2050 haciendo referencia a los sectores más vulnerables, quienes son los primeros afectados por la falta de presencialidad.

Griselda García Ortiz, abogada integrante del grupo, explicó que, en noviembre del 2020 junto con 680 familias de San Isidro, se presentó el primer amparo colectivo para que se retomaran las clases presenciales. Se plantearon problemas de competencia, ya que se consideró que la justicia federal no tenía competencia en la materia, lo que luego quedo superado con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, la cual se pronunció en el sentido de la competencia federal en el tema educación.

Diego Isabella, abogado de Abogados en Acción, comentó que el grupo impugnó los decretos que se llevaron a cabo en la Provincia. Sin embargo, tuvieron como respuesta desde la Corte Provincial que la restricción emanaba del decreto nacional. Por lo tanto, se hizo una nueva presentación declarando inconstitucional las medidas del DNU Nacional. Según Isabella, “Creemos que en este caso la Corte no tiene otra escapatoria que fallar a favor de los padres”.

La estrategia fue mutando hoy en día se presentan amparos por jurisdicción y amparos por comunidad educativa, con el objetivo de aumentar la cantidad de reclamos judiciales y de esta forma generar una presión social sobre la necesidad de retomar las clases. Actualmente, existen tres tipos de modelos de amparo disponibles: amparo colectivo, amparo individual para padres y madres y amparos de comunidades educativas.

Jimena de La Torre, explicó, que, para poder lograr la presentación de dicho mecanismo judicial, se necesita el patrocinio de un abogado, en estos casos, se recomienda algún madre o padre de la comunidad educativa lleve adelante el proceso judicial con el seguimiento y asesoramiento de Abogados en Acción. En dicho caso, que no exista un profesional, Abogados por Acción también se encarga además de efectuar el patrocinio, obviamente todas estas actividades las desempeña “ad honorem”.

A través de este accionar, se garantiza que todos los sectores y comunidades educativas tengan la representación correspondiente. “Se necesita encontrar un juez valiente y se empieza a resquebrajar el sistema”, argumentó de La Torre.

El resultado que busca Abogados en Acción es que todas las comunidades educativas, todos los padres y madres de la Provincia de Buenos Aires presenten este tipo de reclamos y de esta forma poder influir desde herramientas constitucionales en las autoridades políticas para que se restituya el derecho de la educación de los niños y niñas.

Fuente: www.zonanortediario.com.ar

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