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La mano derecha de Zamora, Pedro Heyde en la mira del Tribunal de Cuentas por irregularidades

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Durante el 2020, el Municipio de Tigre sufrió la salida masiva de funcionarios. Desde la expulsión de Fernando Lauría por el “paddle gate” en plena pandemia, el intendente local, Julio Zamora, se apoyó en Pedro Heyde, quien tomó las riendas de múltiples áreas de gobierno.

Sin embargo, al tiempo que Heyde ganaba terreno en la gestión diaria del Municipio del norte bonaerense, comenzaron a destaparse contrataciones irregulares a personas de su círculo de confianza. Con documentación que demostraba la contratación a amistades de funcionarios que estaban bajo su ala ya fue denunciado en reiteradas oportunidades durante el 2020.

De esta manera se constató, a través de documentos oficiales, que el Tribunal de Cuentas alertó sobre más de una decena de irregularidades en las contrataciones que hizo el Municipio a la empresa Recilit S.A., perteneciente a Juan Emilio Podavini. Sólo en 2020, Recilit se vio beneficiada con contratos por más de 24 millones de pesos ($ 24.138.000), según las Órdenes de Compra a las que tuvo acceso este sitio. Sin embargo, según fuentes con acceso a las contrataciones en el Municipio, el total en 2020 superaría los 30 millones de pesos.

Podavini integra la “banda de Benavídez”, un grupo de amigos cercanos a Heyde y a funcionarios de su riñón que se vieron beneficiados con contratos con el municipio en los últimos tres años.

En este sentido, el Tribunal de Cuentas denunció que en el servicio adjudicado a Recilit para el “levantamiento y traslado de montículos hasta el CEAMSE” no se realizó ningún llamado a terceras empresas para competir. Pero esta falta de competencia con otras empresas del ramo es una de las tantas irregularidades detectadas en la contratación a la compañía de Podavini, empresario muy cercano a Heyde.

En el documento del Tribunal de Cuentas se detectaron al menos 13 irregularidades en la contratación de este servicio, por el que Recilit cobró más de 13.000.000 de pesos. En otras, mencionan: “Ninguno de los oferentes presentan documentación que acredite la titularidad y el estado de los camiones ofrecidos ni de los choferes de las unidades”. La licitación pública Nº 36/19 que ganó Recilit fue originalmente por un monto de $ 8.825.000, y luego recibió una ampliación presupuestaria de $ 4.412.500, un 50% más de lo que inicialmente había ofertado en la licitación.

Sobre este último punto, el Tribunal de Cuentas alerta que la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos otorgó este incremento del 50% en el contrato sin que la empresa beneficiada presentara comprobantes que justificaran ese pedido de aumento. “No se acompaña un nuevo cronograma de tareas ni se acredita el incremento en tareas de limpieza de los distintos asentamientos habitacionales que ocasionaron una mayor demanda del servicio contratado por parte de las delegaciones municipales originando la ampliación en un 50% del servicio”.

Otro dato curioso es que Heyde contrató a la empresa de su amigo personal sin siquiera especificar el período de tiempo en el que se iba a prestar el servicio por el cual el Municipio pagaba. Así lo hace saber el propio Tribunal, que suma en su informe: “No se acompaña el cronograma de trabajo elaborado por la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos que debía cumplimentarse dentro de los 180 días posteriores a la fecha de recibida la orden de compra”.

En su informe, el Tribunal de Cuentas informa que los “responsables” de estas irregularidades son el propio intendente, Julio Zamora, el funcionario Pedro Heyde, y la Contadora Municipal, Roxana Elizabeth Di Cola

Pero las irregularidades no terminan allí. Además de no presentar a la nómina de supuestos choferes de camiones con los que prestó el servicio ni mostrar comprobantes de pago de cargas sociales de los mismos, el Tribunal de Cuentas llama la atención a los mencionados funcionarios por no haber exigido siquiera las constancias de que el trabajo se realizó efectivamente. “No se acompañan las hojas de ruta de los camiones ni los informes de recepción por parte del CEAMSE”.

En marzo del 2020, la empresa Recilit ya había sido denunciada por no descargar los residuos que no recicla en el CEAMSE -como indican las normas- sino en un terreno a nombre de Podavini, ubicado en el Dique Luján, cerca de una sede de AYSA. Esta descarga ilegal denunciada por la ONG Proconsumer tiene como principal objetivo ahorrar los costos que implicaría descargar en el CEAMSE los restos. Según la mencionada denuncia judicial, esta decisión se hace “a costa de la salud de los habitantes del municipio”, que sufren la contaminación de estos espacios no habilitados.

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