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Graves irregularidades en una obra millonaria en Pilar que compromete al ex intendente Ducoté y a funcionarios nacionales

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Se trata del plan de urbanización del barrio Monterrey, en la zona de Derqui, que habría costado $120 millones. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas determinó que se fraguaron las certificaciones y que hubo fallas en los controles por parte del Ministerio del Interior. En este sentido, iban a ser $145.733 millones, aunque terminaron llegando unos $120 millones.

¿EN QUÉ CONSISTÍA EL PROYECTO?

En la urbanización del barrio Monterrey, en una zona humilde de Pilar. La letra chica incluía asfalto, servicios básicos (agua corriente, cloacas, iluminación), plazas nuevas, un centro cultural, y hasta un corredor aeróbico.

Pero las obras nunca se terminaron y el caso aterrizó en la Justicia federal en plena campaña electoral. Hace un mes, la causa pasó a la justicia provincial y la investigación parecía diluirse. Sin embargo, un informe reciente de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), denuncia que se fraguaron certificaciones de obra y que hubo graves fallas en los controles por parte de autoridades nacionales.

La denuncia comenzó en el fuero federal, pero luego pasó a la justicia penal bonaerense. Cuando el expediente parecía estar encajonado, un informe técnico de un organismo nacional dio fuerza a los investigadores. Desde ese momento, la suerte del ex intendente Ducoté quedó a la deriva.

Los investigadores llegaron a la conclusión que los plazos nunca se respetaron. En el expediente administrativo figura que las obras comenzaron el 21 de marzo de 2017, cinco días después de que el ex alcalde adjudicara la licitación y dos meses antes firmara el contrato.

Otro de los focos en la mira es la publicidad de los actos administrativos y la supuesta responsabilidad de las empresas que estuvieron a cargo de las obras. Pero lo potente de este tramo de la investigación se enmarca en las certificaciones de obras realizadas por el municipio, ese de aquel entonces, porque sin ellas las empresas no podían solicitar nuevos desembolsos de dinero, que se ejecutaban contra obra terminada, digamos, rendir el dinero recibido con anterioridad.

Con todos los plazos vencidos y varios trabajos pendientes, en agosto de 2019 el convenio original se modificó mediante una adenda y se redujo el monto total a $123.873.531. En ese momento, todavía había trabajos pendientes. Para la PIA, el Municipio debería haber cancelado el contrato.

Pero las responsabilidades no recaerían solamente sobre el ex intendente ya que también están involucrados funcionarios nacionales. Así el documento de la PIA lo expresa, “Como quedó acreditado del estudio de los distintos convenios, tales transferencias dinerarias fueron aprovechadas a los fines de generar beneficios indebidos con el consecuente desfalco a las arcas del Estado Nacional, habida cuenta que fue quien hacía el aporte para solventar las obras y módulos de desarrollo con los cuales se justificó la obtención de las partidas presupuestarias”.

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