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El Municipio tendrá helipuerto

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En una sesión con intensos debates por la inseguridad y la quita de pensiones por discapacidad, la aprobación de un helipuerto en el distrito pasó desapercibida. Estará ubicado en José León Suárez, en el límite con Tigre, detrás del shopping Soleil. Se abstuvieron los concejales Centurión y Letcher.

El expediente se aprobó en un tiempo record, solicitado por el empresario Juan R. Cambrea. El helipuerto se construirá entre Don Torcuato y Boulogne, en un terreno delimitado por el Camino del Buen Ayre y el Río Reconquista.

También se desafectó el ex Tiro Federal, en la localidad de Villa Pueyrredón. Con el voto negativo de Cambiemos, el gobierno local buscará disponer de esos terrenos para la construcción de un parque.

Fuera de estos expedientes, la sesión fue intensa en debate.
La concejal Olga Centurión hizo referencia a un repudio impulsado junto al Frente de Unidad Docente Regional hacia el comportamiento policial durante un intento de represión a alumnos de la Escuela Media 2 de San Martín, con la detención de un profesor.

“La comisión que presido, votó por unanimidad un pedido de informes para saber qué fuerzas policiales intervinieron en el hecho y qué conocimiento tenía el Departamento Ejecutivo de esto, pero no ha aparecido en el orden del día”, remarcó la edil, en queja porque el expediente no fue remitido para su contestación por parte de la Secretaría de Seguridad.

Seguidamente, Centurión celebró la resolución que busca “darle curso rápido al proyecto de ñey de creación de fiscalías distritales que permitirá un abordaje particular, direccionado y sistematico en la problemática de género, para la prevención, erradicación y juzgamiento en casos que afectan a las mujeres, frente al actual vacio legal”.

Desde Cambiemos, la concejal Emma Rosano hizo un paralelismo inconexo entre femicidios acontecidos en el distrito y el asesinato de un vecino de Villa Ballester ocurrido el martes por la tarde.
“Hemos tenido el caso de Melina; el de Araceli; el chico que falleció en un asesinato entre murgas; el caso del vecino de Villa Libertad, Juan Manuel Miranda; el vecino de la calle Córdoba y Entre Ríos, hechos de inseguridad que vienen sucediendo y que en el partido de San Martín se dan con más frecuencia de lo habitual”, consideró.

La ex funcionaria de Ivoskus pidió la respuesta a un pedido de informes sobre las medidas de seguridad que se llevan a cabo en el distrito, la cantidad de patrulleros disponibles y de cámaras de videovigilancia.
“Traducimos la preocupación de los vecinos, no la de una molesta oposición como nos tildan”, exclamó la arquitecta.

Minutos después, la concejal Verónica Jalil cruzó a Rosanó y afirmó que el femicidio no es lo mismo que un delito común. “Hay una mujer muerta cada 30 horas en la Argentina, por eso se solicita con suma urgencia la creación de fiscalías especializadas en violencia de género, porque en un Departamento Judicial con seis juzgados de familia”, analizó, y mencionó que la cantidad de casos generan un colapso en el Poder Judicial.

También el ultrakirchnerista Hernán Letcher responsabilizó a la Provincia y a la Nación respecto de la seguridad.
“Lo que sucedió en Villa Ballester nos duele a todos,  era un vecino muy querido en el barrio que se había animado a enfrentarse con los delincuentes, lo que le terminó costando su vida”, reflexionó.

Letcher pudo cerrar el debate por la inseguridad y abrir el de la quita de 70 mil pensiones de discapacitados. El edil expuso casos como bajas de pensiones de invalidez que no llegan a 5 mil pesos si los conyuges de los beneficiarios cobran jubilación, o si tienen un auto a su nombre, independientemente si este es esencial para su movilidad.

“Esa pensión busca compensar algo de las limitaciones que sufre esa persona, con lo cual me parece un profundo despropósito que el gobierno nacional le devuelva 0,5 puntos a la soja, y por otro que quiera equilibrar esa pérdida recortando subsidios a los discapacitados”, criticó.

Nuevamente Emma Rosanó buscó justificar la polémica medida del gobierno macrista al señalar que se efectúa “una revisión de los beneficiarios, porque de 2002 a la fecha las pensiones fueron de 9 mil a 2 millones, un país que no sufrió ninguna guerra ni catástrofe que lo justificara”.

“No hubo bajas, se está revisando”, nuevamente aclaró, en una información errónea, y sostuvo que el gobierno “encasillará aquellas cuestiones donde no se requieran pensiones por invalidez si no pensión no retributiva -léase contributiva- más afín a la patología que padece cada interesado”.

Olga Centurión retomó la palabra para remarcar el daño moral que le ocasionan a la población cada vez que el gobierno nacional toma este tipo de medidas.

“Estamos hablando del derecho humano de ser tratado con igualdad ante la ley y las posibilidades de realización en la vida”, sostuvo la edil de Participación y Compromiso Social, quien señaló: “Cuando esa persona no puede trabajar tiene el derecho a recibir una asignación y se lo debe garantizar el Estado”.

“Todos sabemos que lleva más de un año y medio reunir todos los certificados que acreditan la discapacidad de una persona para que sea otorgada la pensión, pero al gobierno de Macri le llevó solo dos días sacarle de las cuentas el dinero a los beneficiarios sin explicación ni llamado telefónico”, exclamó la mujer, quien promovió un repudio, el que fue aprobado por el Concejo Deliberante.

 Fuente: www.smnoticias.com

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